Representantes de los Centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez y del Movimiento Pacto por la Cultura y la Impunidad expusieron ante instancias de la Unión Europea y relatorías del Sistema Universal de Derechos Humanos, con amplio interés en los temas abordados, aspectos relevantes de la situación de los derechos humanos en México. Fueron considerados, entre los múltiples asuntos: los altos índices de criminalidad en Ciudad Juárez, la persistencia de la impunidad, las deficiencias graves del sistema de procuración y administración de justicia, las agresiones y amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, la falta de investigaciones adecuadas y de labores de inteligencia para contener la delincuencia, así como el alto número de violaciones cometidas por el ejercito mexicano.
El incremento notable de la violencia exige que el debate sobre la seguridad sea considerado sin ambages desde una perspectiva de derechos humanos; el mismo contexto hace ineludible garantizar que las violaciones de derechos humanos no sean investigadas en el fuero militar. Corresponde legítimamente al gobierno hacer frente al deterioro de la vida pública ocasionado por la delincuencia organizada, sin embargo sus actuales propuestas no sólo violan los derechos de las personas, también han resultado ineficientes.
Frente a la crisis de seguridad y las legítimas demandas de la ciudadanía de atender la compleja problemática, la respuesta del gobierno de Felipe Calderón ha estado centrada, desde sus inicios, en una estrategia de combate frontal al crimen organizado y al narcotráfico mediante la realización de operativos conjuntos que involucran a militares y policías en diversos estados de la República Mexicana. Ante ello, las organizaciones reunidas en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, propusieron vías para favorecer una política de seguridad basada en el respeto a la dignidad humana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano.
En los primeros tres años del actual gobierno, incrementó 38 por ciento, respecto del sexenio anterior, el número de efectivos militares participantes en tareas de seguridad pública. De 2000 a 2006 hubo, en promedio, 30,000 miembros del Ejército involucrados en la lucha contra la delincuencia organizada, sobre todo en el combate al tráfico de drogas. En agosto de 2009 la cifra se elevó a 48,750 elementos militares y la Secretaría de la Defensa Nacional ha señalado que el número será mayor este año. En los eventos las organizaciones mexicanas han denunciado que el despliegue militar y la militarización de los cuerpos de seguridad implican un enfoque bélico del que están ausentes los estándares de protección internacional en materia de derechos humanos; este mismo enfoque contraviene las recomendaciones emanadas del Examen Periódico Universal realizado a México en junio de 2009, muchas de las cuales aún no han sido cumplidas.
La delegación de ONG expuso los casos de abusos militares cometidos en contra de grupos marginados, caracterizados por el contexto de pobreza extrema y por las diversas violencias que los excluyen. Asimismo, argumentó que la extensión de la jurisdicción militar sobre los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos es una práctica sistemática que impide el acceso a la justicia y violenta las garantías de debido proceso, contraviene también a los estándares internacionales que exigen que la jurisdicción penal militar se acote a los delitos que transgreden bienes jurídicos estrictamente de la disciplina militar cometidos por elementos castrenses.
Casos ilustrativos como el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes se organizaron en la Sierra de Petatlán, en Guerrero, para defender los bosques ante la tala ilegal de los caciques y los de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaas del estado de Guerrero, violadas y torturadas por el Ejército mexicano en 2002, han sido ventilados por el fuero militar y permanecen en la impunidad. En breve la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictará sentencias en estos casos. Por ello las organizaciones demandaron un compromiso firme del Estado para que éstas sean cumplidas a cabalidad. Preocupan los magros avances en la resolución del caso Campo algodonero y la situación que afecta a las mujeres de Ciudad Juárez y de otras partes de país.
Para sustentar la existencia de una crisis de seguridad fueron presentados datos contundentes sobre la gravedad de la situación imperante en Ciudad Juárez, región fronteriza: altas tasas de incidencia delictiva, torturas, reiteradas acciones cometidas por delincuentes y crueldad en la ejecución de los delitos; a lo que se suma el incremento de las fuerzas federales (policiales y militares) cuya presencia en la ciudad agudiza la falta de acceso a derechos básicos.
El sistema de justicia, perpetúa la impunidad. Conserva, pese a reformas recientes, rasgos inquisitorios y sigue siendo un instrumento empleado para disuadir y criminalizar a quienes se oponen y disienten. Se le mantiene dentro de la lógica autoritaria que no acaba de ser erradicada, es más, que parece volver a instaurarse con fuerza en la vida pública. Ejemplo de ello es el caso de Israel Arzate Meléndez, a quien en febrero de 2010 le fueron arrancadas confesiones bajo tortura y fue exhibido como delincuente, en violación a las garantías básicas de debido proceso.
El contexto que expusimos y los casos documentados difieren de la información que el Estado mexicano presenta constantemente en el exterior. El soporte ofrecido por organizaciones como Misereor, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos y Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia, constituye una muestra del genuino interés de los ciudadanos europeos por la actual situación de los derechos humanos en México.